5 de diciembre de 2019


Muchos podrían no estar de acuerdo con los siguientes planteamientos y valoraciones acerca de los resultados nada halagüeños y verdaderamente preocupantes de la evaluación educativa internacional PISA 2018, porque el propósito es evidenciar que la responsabilidad no es sólo de los gobiernos, por mantener un sistema educativo tan deficiente; y por la falta de determinación a la hora de aplicar las políticas públicas educativas ni lo establecido en el Pacto Educativo, que está llamado a culminar en 2030 con unos resultados esperados que por ahora no hay indicio de que serán mejores.

Claro que el Estado y los gobiernos son los responsables de primera línea de la situación cuya radiografía revela PISA 2018 sobre la muy escasa aplicación en la realidad cotidiana de los conocimientos escolares adquiridos nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela pública y privada en la República Dominicana.
Sin embargo, es el caso que el sector empresarial, valiéndose de organizaciones de la denominada "Sociedad Civil" supo presionar al Estado y a los gobierno para que se aumentara la inversión en el sector educativo. Es así como a partir de 2013 en el presupuesto de ingreso y Ley de Gastos Públicos se incluye el equivalente al 4% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como presupuesto educativo, el cual crece cada año de manera vegetativa, conforme vaya creciendo el propio PIB del país.
Es lo que explica el significativo salto dado por el presupuesto de 2013, a 99 mil 629 millones de pesos, en el primer año de aplicación de la Ley del 4% para la Educación, en comparación con los 58 mil 524 millones asignados al sector durante el año anterior (2012).
La curva ascendente del aumento anual del presupuesto educativo en función del 4% del PIB continuó en 2014 con una asignación de 109 mil 170 millones, en 2015 recibió 119 mil 363 millones; y en 2016 se le asignaron al MINERD 129 mil 874 millones de pesos.
Asimismo, en 2017 el presupuesto educativo ascendió a RD$142 mil 999 millones, a RD$153 mil 395 millones en 2018; y a RD$170 mil 517 millones para 2019, que cursa y casi concluye. Mientras, para en el anteproyecto de presupuesto y Ley de Gastos Públicos aprobado por el Consejo de Gobierno y sometido al Congreso Nacional a través del Senado de la República, para el próximo 2020 el monto que el Estado dedicaría a la educación pública no universitaria ascendería a RD$194 mil 469 millones.
Ello equivale a decir que desde 2013, cuando inició la aplicación de la Ley del 4% del PIB a la Educación el sector público educativo ha recibido una asignación de RD$926 mil 066 millones y si se proyecta al próximo 2020 el monto llegaría a la astronómica suma de 1 mil millones 119 mil 435 millones. Es decir, nada menos que un billón, 119 mil 006 millones de pesos.
Se trata de una cantidad difícil de "digerir" mentalmente, pero muy apetecida por un mercado de suplidores empresariales que finalmente participarían como beneficiarios de la circulación, crecimiento de los negocios y finalmente de la apropiación de las ganancias económicas.
EDUCA: aumentó el Presupuesto educativo, desapareció la presión al Estado
Cual si hubiere una relación de causa-efecto, es evidente que el triunfo de la demanda "ciudadana" del 4% para la Educación le quitó al gobiernos la presión que ejercieron sobre ellos organizaciones de la Sociedad Civil, conformadas y al servicio del sector empresarial, como Participación Ciudadana y EDUCA, cuya dirección de la campaña del 4% se realizó de manera persistente, sistemática, financieramente sostenible, pero con la elegancia de no incluir ruidos como disturbios, movilizaciones incontroladas (porque hubiese sido contra natura) pero fundamentada en la elegancia del media-turs con promoción de argumentaciones lógicas sólidamente fundamentadas.
Al triunfar la lucha del 4% la mayoría del auditorio nacional daba por tácito y/o sobre-entendido que una vez logrado el propósito inicial de lograr un marco legal institucional que diera sostén financiero permanente y ascendente a la Educación, el sector empresarial patrocinante de EDUCA "acompañaría" a los gobiernos como facilitador y veedor del esperado proceso que de una vez por todas conduciría a mejorar los estándares de calidad de la educación básica, media y secundaria con miras a lograr un mejor producto final: técnicos, profesionales y ciudadanos formados con las competencias necesarias para mejorar y hacer más competente a la República Dominicana de cara elevar la calidad de vida de su población general.
Así, se esperaba que la propia EDUCA y otras organizaciones de la Sociedad Civil tomarían protagonismo en el permanente reclamo por la renovación curricular y los contenidos de los diferentes niveles educativos, en la renovación, capacitación y educación continuada del cuerpo profesoral, en restaurar el deporte, la educación física y la salud escolares, así como en redistribuir el horario de la jornada extendida para impartir y lograr una verdadera educación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes..., para prepararlos de cara a participar de manera más competitiva en el proceso productivo que lidera el propio sector empresarial.
Pero es el caso que nuestro sector empresarial se ha "conformado" con participar como beneficiario directo e inmediato en el gran presupuesto educativo, ora como proveedor de materiales de construcción, eléctricos y de terminación de inmuebles, como son las 20 mil nuevas aulas a través de centenares de nuevas escuelas levantadas en todo el territorio ora como suplidor de uniformes, calzados, alimentos para preparar desayuno, almuerzo y merienda escolares; computadoras, libros, cuadernos, lápiz y bolígrafos... y además suplir ropas, calzados, alimentos y otras necesidades a profesores con un aumento de la demanda, inducida por unos ingresos mejorados para el personal del sector educativo.
En fin, da la impresión que, por puro instinto empresarial, estos reivindicadores del "4% para la educación" se habrían percatado muy bien de que es mucho mejor y más beneficioso participar en los negocios que derivan de un presupuesto de 194 mil 469 millones de pesos en 2020 que en los de un presupuesto de 58 mil 524 en 2012, año previo al 4%; y mucho mejor que en un presupuestito de tan sólo 12 mil 778 millones, como en 2004, cuando Leonel Fernández y el PLD recibió para ejercer su segundo gobierno.
Finalmente la ADP.
! Oh...! La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) junto con los estudiantes y el Estado o gobierno y la familia es una de las patas de la mesa de actores directos más importantes del Sistema Educativo dominicano. Es, en consecuencia, uno de los primeros responsables de los resultados educativos que cosecha el país.
Pero en una actuación muy parecida a la sustentada por el sector empresarial (externo al proceso) también es el caso que con respecto a la preocupación, la ADP ha adoptado la postura contemplativa y a veces negativa respecto al proceso de calidad a que debe someterse la educación mediante la integración temporal de profesores extranjeros, mientras limita su acción sólo a reivindicar económica y laboralmente a sus afiliados, no importa lo que haya que sacrificar. Al tema de la participación y responsabilidad familiar le dedicaremos otro escrito.

Por Carlos Rodríguez


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Junto al Estado hay otros responsables de desastre educativo dominicano


Muchos podrían no estar de acuerdo con los siguientes planteamientos y valoraciones acerca de los resultados nada halagüeños y verdaderamente preocupantes de la evaluación educativa internacional PISA 2018, porque el propósito es evidenciar que la responsabilidad no es sólo de los gobiernos, por mantener un sistema educativo tan deficiente; y por la falta de determinación a la hora de aplicar las políticas públicas educativas ni lo establecido en el Pacto Educativo, que está llamado a culminar en 2030 con unos resultados esperados que por ahora no hay indicio de que serán mejores.

Claro que el Estado y los gobiernos son los responsables de primera línea de la situación cuya radiografía revela PISA 2018 sobre la muy escasa aplicación en la realidad cotidiana de los conocimientos escolares adquiridos nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela pública y privada en la República Dominicana.
Sin embargo, es el caso que el sector empresarial, valiéndose de organizaciones de la denominada "Sociedad Civil" supo presionar al Estado y a los gobierno para que se aumentara la inversión en el sector educativo. Es así como a partir de 2013 en el presupuesto de ingreso y Ley de Gastos Públicos se incluye el equivalente al 4% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como presupuesto educativo, el cual crece cada año de manera vegetativa, conforme vaya creciendo el propio PIB del país.
Es lo que explica el significativo salto dado por el presupuesto de 2013, a 99 mil 629 millones de pesos, en el primer año de aplicación de la Ley del 4% para la Educación, en comparación con los 58 mil 524 millones asignados al sector durante el año anterior (2012).
La curva ascendente del aumento anual del presupuesto educativo en función del 4% del PIB continuó en 2014 con una asignación de 109 mil 170 millones, en 2015 recibió 119 mil 363 millones; y en 2016 se le asignaron al MINERD 129 mil 874 millones de pesos.
Asimismo, en 2017 el presupuesto educativo ascendió a RD$142 mil 999 millones, a RD$153 mil 395 millones en 2018; y a RD$170 mil 517 millones para 2019, que cursa y casi concluye. Mientras, para en el anteproyecto de presupuesto y Ley de Gastos Públicos aprobado por el Consejo de Gobierno y sometido al Congreso Nacional a través del Senado de la República, para el próximo 2020 el monto que el Estado dedicaría a la educación pública no universitaria ascendería a RD$194 mil 469 millones.
Ello equivale a decir que desde 2013, cuando inició la aplicación de la Ley del 4% del PIB a la Educación el sector público educativo ha recibido una asignación de RD$926 mil 066 millones y si se proyecta al próximo 2020 el monto llegaría a la astronómica suma de 1 mil millones 119 mil 435 millones. Es decir, nada menos que un billón, 119 mil 006 millones de pesos.
Se trata de una cantidad difícil de "digerir" mentalmente, pero muy apetecida por un mercado de suplidores empresariales que finalmente participarían como beneficiarios de la circulación, crecimiento de los negocios y finalmente de la apropiación de las ganancias económicas.
EDUCA: aumentó el Presupuesto educativo, desapareció la presión al Estado
Cual si hubiere una relación de causa-efecto, es evidente que el triunfo de la demanda "ciudadana" del 4% para la Educación le quitó al gobiernos la presión que ejercieron sobre ellos organizaciones de la Sociedad Civil, conformadas y al servicio del sector empresarial, como Participación Ciudadana y EDUCA, cuya dirección de la campaña del 4% se realizó de manera persistente, sistemática, financieramente sostenible, pero con la elegancia de no incluir ruidos como disturbios, movilizaciones incontroladas (porque hubiese sido contra natura) pero fundamentada en la elegancia del media-turs con promoción de argumentaciones lógicas sólidamente fundamentadas.
Al triunfar la lucha del 4% la mayoría del auditorio nacional daba por tácito y/o sobre-entendido que una vez logrado el propósito inicial de lograr un marco legal institucional que diera sostén financiero permanente y ascendente a la Educación, el sector empresarial patrocinante de EDUCA "acompañaría" a los gobiernos como facilitador y veedor del esperado proceso que de una vez por todas conduciría a mejorar los estándares de calidad de la educación básica, media y secundaria con miras a lograr un mejor producto final: técnicos, profesionales y ciudadanos formados con las competencias necesarias para mejorar y hacer más competente a la República Dominicana de cara elevar la calidad de vida de su población general.
Así, se esperaba que la propia EDUCA y otras organizaciones de la Sociedad Civil tomarían protagonismo en el permanente reclamo por la renovación curricular y los contenidos de los diferentes niveles educativos, en la renovación, capacitación y educación continuada del cuerpo profesoral, en restaurar el deporte, la educación física y la salud escolares, así como en redistribuir el horario de la jornada extendida para impartir y lograr una verdadera educación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes..., para prepararlos de cara a participar de manera más competitiva en el proceso productivo que lidera el propio sector empresarial.
Pero es el caso que nuestro sector empresarial se ha "conformado" con participar como beneficiario directo e inmediato en el gran presupuesto educativo, ora como proveedor de materiales de construcción, eléctricos y de terminación de inmuebles, como son las 20 mil nuevas aulas a través de centenares de nuevas escuelas levantadas en todo el territorio ora como suplidor de uniformes, calzados, alimentos para preparar desayuno, almuerzo y merienda escolares; computadoras, libros, cuadernos, lápiz y bolígrafos... y además suplir ropas, calzados, alimentos y otras necesidades a profesores con un aumento de la demanda, inducida por unos ingresos mejorados para el personal del sector educativo.
En fin, da la impresión que, por puro instinto empresarial, estos reivindicadores del "4% para la educación" se habrían percatado muy bien de que es mucho mejor y más beneficioso participar en los negocios que derivan de un presupuesto de 194 mil 469 millones de pesos en 2020 que en los de un presupuesto de 58 mil 524 en 2012, año previo al 4%; y mucho mejor que en un presupuestito de tan sólo 12 mil 778 millones, como en 2004, cuando Leonel Fernández y el PLD recibió para ejercer su segundo gobierno.
Finalmente la ADP.
! Oh...! La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) junto con los estudiantes y el Estado o gobierno y la familia es una de las patas de la mesa de actores directos más importantes del Sistema Educativo dominicano. Es, en consecuencia, uno de los primeros responsables de los resultados educativos que cosecha el país.
Pero en una actuación muy parecida a la sustentada por el sector empresarial (externo al proceso) también es el caso que con respecto a la preocupación, la ADP ha adoptado la postura contemplativa y a veces negativa respecto al proceso de calidad a que debe someterse la educación mediante la integración temporal de profesores extranjeros, mientras limita su acción sólo a reivindicar económica y laboralmente a sus afiliados, no importa lo que haya que sacrificar. Al tema de la participación y responsabilidad familiar le dedicaremos otro escrito.

Por Carlos Rodríguez