Muchos
podrían no estar de acuerdo con los siguientes planteamientos y valoraciones
acerca de los resultados nada halagüeños y verdaderamente preocupantes de la
evaluación educativa internacional PISA 2018, porque el propósito es evidenciar
que la responsabilidad no es sólo de los gobiernos, por mantener un sistema
educativo tan deficiente; y por la falta de determinación a la hora de aplicar
las políticas públicas educativas ni lo establecido en el Pacto Educativo, que
está llamado a culminar en 2030 con unos resultados esperados que por ahora no
hay indicio de que serán mejores.
Claro que el Estado y los gobiernos son los
responsables de primera línea de la situación cuya radiografía revela PISA 2018
sobre la muy escasa aplicación en la realidad cotidiana de los conocimientos
escolares adquiridos nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela
pública y privada en la República Dominicana.
Sin embargo, es el caso que el sector
empresarial, valiéndose de organizaciones de la denominada "Sociedad
Civil" supo presionar al Estado y a los gobierno para que se aumentara la inversión
en el sector educativo. Es así como a partir de 2013 en el presupuesto de
ingreso y Ley de Gastos Públicos se incluye el equivalente al 4% por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) como presupuesto educativo, el cual crece cada año
de manera vegetativa, conforme vaya creciendo el propio PIB del país.
Es lo que explica el significativo salto
dado por el presupuesto de 2013, a 99 mil 629 millones de pesos, en el primer
año de aplicación de la Ley del 4% para la Educación, en comparación con los 58
mil 524 millones asignados al sector durante el año anterior (2012).
La curva ascendente del aumento anual del
presupuesto educativo en función del 4% del PIB continuó en 2014 con una asignación
de 109 mil 170 millones, en 2015 recibió 119 mil 363 millones; y en 2016 se le
asignaron al MINERD 129 mil 874 millones de pesos.
Asimismo, en 2017 el presupuesto educativo
ascendió a RD$142 mil 999 millones, a RD$153 mil 395 millones en 2018; y a RD$170
mil 517 millones para 2019, que cursa y casi concluye. Mientras, para en el
anteproyecto de presupuesto y Ley de Gastos Públicos aprobado por el Consejo de
Gobierno y sometido al Congreso Nacional a través del Senado de la República,
para el próximo 2020 el monto que el Estado dedicaría a la educación pública no
universitaria ascendería a RD$194 mil 469 millones.
Ello equivale a decir que desde 2013,
cuando inició la aplicación de la Ley del 4% del PIB a la Educación el sector
público educativo ha recibido una asignación de RD$926 mil 066 millones y si se
proyecta al próximo 2020 el monto llegaría a la astronómica suma de 1 mil
millones 119 mil 435 millones. Es decir, nada menos que un billón, 119 mil 006
millones de pesos.
Se trata de una cantidad difícil de
"digerir" mentalmente, pero muy apetecida por un mercado de
suplidores empresariales que finalmente participarían como beneficiarios de la
circulación, crecimiento de los negocios y finalmente de la apropiación de las
ganancias económicas.
EDUCA: aumentó el Presupuesto educativo,
desapareció la presión al Estado
Cual si hubiere una relación de
causa-efecto, es evidente que el triunfo de la demanda "ciudadana"
del 4% para la Educación le quitó al gobiernos la presión que ejercieron sobre
ellos organizaciones de la Sociedad Civil, conformadas y al servicio del sector
empresarial, como Participación Ciudadana y EDUCA, cuya dirección de la campaña
del 4% se realizó de manera persistente, sistemática, financieramente
sostenible, pero con la elegancia de no incluir ruidos como disturbios,
movilizaciones incontroladas (porque hubiese sido contra natura) pero
fundamentada en la elegancia del media-turs con promoción de argumentaciones
lógicas sólidamente fundamentadas.
Al triunfar la lucha del 4% la mayoría del
auditorio nacional daba por tácito y/o sobre-entendido que una vez logrado el
propósito inicial de lograr un marco legal institucional que diera sostén
financiero permanente y ascendente a la Educación, el sector empresarial
patrocinante de EDUCA "acompañaría" a los gobiernos como facilitador
y veedor del esperado proceso que de una vez por todas conduciría a mejorar los
estándares de calidad de la educación básica, media y secundaria con miras a
lograr un mejor producto final: técnicos, profesionales y ciudadanos formados
con las competencias necesarias para mejorar y hacer más competente a la
República Dominicana de cara elevar la calidad de vida de su población general.
Así, se esperaba que la propia EDUCA y
otras organizaciones de la Sociedad Civil tomarían protagonismo en el
permanente reclamo por la renovación curricular y los contenidos de los
diferentes niveles educativos, en la renovación, capacitación y educación
continuada del cuerpo profesoral, en restaurar el deporte, la educación física
y la salud escolares, así como en redistribuir el horario de la jornada
extendida para impartir y lograr una verdadera educación integral de nuestros
niños, adolescentes y jóvenes..., para prepararlos de cara a participar de
manera más competitiva en el proceso productivo que lidera el propio sector
empresarial.
Pero es el caso que nuestro sector
empresarial se ha "conformado" con participar como beneficiario
directo e inmediato en el gran presupuesto educativo, ora como proveedor de
materiales de construcción, eléctricos y de terminación de inmuebles, como son
las 20 mil nuevas aulas a través de centenares de nuevas escuelas levantadas en
todo el territorio ora como suplidor de uniformes, calzados, alimentos para
preparar desayuno, almuerzo y merienda escolares; computadoras, libros,
cuadernos, lápiz y bolígrafos... y además suplir ropas, calzados, alimentos y
otras necesidades a profesores con un aumento de la demanda, inducida por unos
ingresos mejorados para el personal del sector educativo.
En fin, da la impresión que, por puro
instinto empresarial, estos reivindicadores del "4% para la
educación" se habrían percatado muy bien de que es mucho mejor y más
beneficioso participar en los negocios que derivan de un presupuesto de 194 mil
469 millones de pesos en 2020 que en los de un presupuesto de 58 mil 524 en
2012, año previo al 4%; y mucho mejor que en un presupuestito de tan sólo 12
mil 778 millones, como en 2004, cuando Leonel Fernández y el PLD recibió para
ejercer su segundo gobierno.
Finalmente la ADP.
! Oh...! La Asociación Dominicana de
Profesores (ADP) junto con los estudiantes y el Estado o gobierno y la familia
es una de las patas de la mesa de actores directos más importantes del Sistema
Educativo dominicano. Es, en consecuencia, uno de los primeros responsables de
los resultados educativos que cosecha el país.
Pero en una actuación muy parecida a la
sustentada por el sector empresarial (externo al proceso) también es el caso
que con respecto a la preocupación, la ADP ha adoptado la postura contemplativa
y a veces negativa respecto al proceso de calidad a que debe someterse la
educación mediante la integración temporal de profesores extranjeros, mientras
limita su acción sólo a reivindicar económica y laboralmente a sus afiliados,
no importa lo que haya que sacrificar. Al tema de la participación y
responsabilidad familiar le dedicaremos otro escrito.
Por Carlos Rodríguez