SANTO DOMINGO, R.D. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció que el Consejo Económico y Social le rechazó su participación en el Diálogo Nacional a pesar de que dentro de las 13 reformas se encuentran la modificación de la Constitución y varios aspectos del sector justicia.
Miguel Surun Hernández,
presidente del CARD, calificó como insólito que el gremio que representa a más
de 70 mil abogados a nivel nacional no sea tomado en cuenta para discutir las
reformas en el sector justicia como son la modificación Constitucional y siete
puntos dentro de la misma.
Surun Hernández dijo
que también resulta cuestionable que además del Gobierno, los miembros del
Consejo Económico y Social (CES) y representantes de los 12 partidos políticos
con representación en el Congreso Nacional, también asistieran algunos
representantes de la sociedad civil y no le permitieran el acceso al Colegio de
Abogados de RD, en violación de su propia ley.
El presidente del CARD
recordó que el artículo V, acápite 8 de la Ley 142-15 que instituye el Consejo
Económico y Social autoriza la participación de 15 representantes de las
organizaciones sociales, incluyendo a las iglesias, instituciones académicas y
organizaciones comunitarias, entre otras, cuyos requisitos para participar son
la realización de una Asamblea Electiva que el Colegio de Abogados realizó en
diciembre pasado legitimando al actual Presidente y que se solicite la
participación formalmente por escrito al
Diálogo Nacional, requisitos que fueron cumplidos por el gremio.
Asimismo recordó que la
Ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de RD faculta a su Presidente a actuar
en la defensa irrestricta de los intereses de los abogados, de la administración
de Justicia y del Estado de Derecho.
El gremialista explicó
que “la propuesta de modificación de la Reforma Constitucional incluye cambios
en la función del Ministerio Público y del Procurador General de la República,
en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, en la selección de
los jueces de las altas cortes y del poder judicial, modificación en el proceso
de formación de leyes, control de los fondos públicos y otros temas; todos de
nuestra competencia por lo que no entendemos la prohibición de nuestra
participación”.
Agregó que “Solicitamos
por escrito el pasado lunes enviada a Rafael Toribio, presidente del Consejo
Económico y Social y coordinador del Diálogo que permite nuestra participación
para poder aportar sobre estos temas que inciden directamente en la labor de
los juristas, pero la petición fue rechazada, por lo que solicitamos nuevamente
y de manera pública al señor Toribio que nos permita la participación cuando se
vayan a tratar temas relativos al sector justicia”.