Domingo Contreras plantea hacer un mejor uso del subsuelo de la ciudad

SANTO DOMINGO. El sistema de galerías subterráneas realizado a partir de la inversión del Metro de Santo Domingo, y el problema de la avenida Núñez de Cáceres, surgen como una oportunidad para que el Distrito Nacional pueda organizar el drenaje pluvial y sanitario, así como el cableado eléctrico y de fibra óptima de forma subterránea.

Así lo considera el encargado de Políticas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales del Ministerio de Medio Ambiente, Domingo Contreras, quien sostiene que establecer un sistema de galerías de las aguas usadas y pluviales se hace necesaria para evitar el colapso de la ciudad.

“La ciudad de Santo Domingo tiene un reservorio subterráneo de agua, hay industrias que usan esas aguas, en diversos puntos de la ciudad, en las áreas de torres tienen pozos subterráneos, que lamentablemente tienen una tubería de la que sacan agua; y otra por la que mandan el agua hacia el subsuelo. Por el nivel de peso se ha ido contaminando las aguas subterráneas, y hemos tenido familias enteras que se han enfermado, y está confirmado que tenemos problemas de presencia de bacterias que se han ido pasando al subsuelo. Ese reservorio se va perdiendo”, sostiene.

Contreras, quien aspira a la candidatura a la alcaldía por el PLD, expresa que en esa dirección, “el manejo del movimiento de los líquidos de la ciudad se debe aprovechar con lo que se inició con el Metro de Santo Domingo, que fue unos sistemas de galerías que pueden permitir la separación de las aguas y los demás servicios. Esos sistemas mejorarían, además, el mantenimiento del sistema de cables se facilite, organiza la operación del uso del subsuelo en la ciudad, y de manera indirecta estaríamos hablando de mejorar el urbanismo de la ciudad y la capacidad de enfrentar los efectos climáticos”, expresó.

Contreras argumentó que su propuesta es “que el Ayuntamiento lidere un pacto económico y ambiental del uso del subsuelo. Debe participar el gobierno, porque es un servicio público y una garantía en materia de salud y ambiental. Deben participar la Opret, la CAASD, el cabildo, el sector eléctrico y las telefónicas y otras empresas que usan el subsuelo “, explicó.