El movimiento
sindical expresado en CASC, CNTD y CNUS, entiende que la insistencia del sector
empresarial no solo es desafortunada, sino también extemporánea, ya que este es un tema que ha
quedado fuera de la agenda del movimiento sindical, por tanto, no es relevante para
los trabajadores y las trabajadoras, del gobierno y de la sociedad en sentido
general.
En noviembre del año
2015, se dieron por cerradas las discusiones que se llevaban a efecto en el
marco del diálogo tripartito que convoco el gobierno y que contó con la
mediación del rector de la Universidad Intec, Lic. Rolando Guzmán. Esta ruptura
se produjo después de que en 19 rondas de negociaciones no se avanzara más que
en algunos aspectos procesales y para mejorar la conciliación; en razón de la
posición del movimiento sindical de no ceder ante las pretensiones de los
empresarios que querían disminuir conquistas económicas y contractuales entre
ellas la mayor garantía del trabajador que es la cesantía , a esto se agrego la
conducta asumida por el sector empresarial
en la discusión del comité nacional de salario, que el 20 de mayo puso
la tapa al pomo y nos obligo al retiro del dialogo.
Enfatizamos que los
empresarios solo están interesados con respecto al código laboral a eliminar la
cesantía, flexibilizar la jornada de 44 a 48 horas, disminuyendo el pago de las
horas extras y días feriados, mientras por otro lado se niegan rotundamente a poner
en práctica los convenio suscritos con el estado dominicano y la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), tales como el Convenio 189 sobre Trabajo Decente
para los trabajadores y trabajadoras domésticas y el Convenio 183 sobre Protección
a la Maternidad que eleva la licencia pre y post natal a 14 semanas.
También se negaron
los empleadores a reconocer la obligación que tiene el país de mejorar su
legislación para garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical y la
negociación colectiva, entre otros aspectos propuestos por las centrales
sindicales que fueron descartados de plano por el sector empleador.
Los empresarios, a
través del CONEP,COPARDOM ASOCIACION DE INDUSTRIA, ANJE, ACOPROVI, entre otras
organizaciones de ese sector, continúan intentando sorprender a las autoridades
gubernamentales y a los congresistas tratando de aprovechar la actual coyuntura
electoral, haciendo llegar a los candidatos presidenciales la idea de que es
necesario “modernizar” el Código de Trabajo, cuando su intención real es que
procuran reducir los derechos laborales y con ello contribuir a aumentar los
niveles de pobreza y la brecha de la inequidad distributiva que ha
caracterizado a la Republica Dominicana.
Para ello recurren a falsedades
y tergiversaciones de las situaciones, como por ejemplo insistir en que la
“carga laboral” es más alta en la Republica Dominicana que en el resto de la
subregión, lo que es totalmente falso.
Un problema central a
tratar son los embargos abusivos y al ejercicio temerario de abogados en el
área laboral, lo que no constituye un problema del Código de Trabajo sino del
ejercicio mismo del derecho, para lo cual se deben establecer parámetros que
sirvan de contención a estas prácticas que consideramos lesivas no solo a los
empresarios sino al interés nacional.
Las centrales
sindicales estamos en contra de estas acciones dolosas ante los tribunales y
del uso abusivo de ejecuciones o (embargos) que hacen abogados con baja ética
profesional en el área laboral; pero también hay que evidenciar que los
abogados de los empresarios recurren a acciones dolosas para impedir el
ejercicio de los derechos laborales, sobre todo en el ámbito colectivo, como las
presiones, chantajes y amenazas para evitar la constitución de sindicatos y la
negociación de convenios colectivos, lo que no es un problema del Código, sino
un ejercicio ilegal alejado de la ética del profesional del derecho.
Estas prácticas
dolosas tienen consecuencias indeseables en la productividad, pues fomenta el
oportunismo de los abogados que hacen ese ejercicio temerario tanto contra los
trabajadores como los empresarios.
La temeridad en el
ejercicio del derecho y los embargos abusivos y algunas veces ilegales, van a
existir siempre, tal como ocurre en el ámbito civil, comercial, administrativo,
de tierra e incluso penal, frente a lo cual lo que se requiere es el
establecimiento de sanciones responsables cuando se presenten estas actuaciones
y desmotivar con ello esta práctica que
se da en todas las ramas del derecho,
como ocurrió hace unos años en Bávaro –Punta Cana, donde un embargo por razones
civiles y comerciales se quiso presentar como parte de la problemática laboral.
Las centrales
sindicales reiteramos que el tema de la reforma al Código de Trabajo mediante
la cual se intentó reducir los derechos laborales quedo cerrado y alertamos a
las actuales autoridades ejecutivas, congresistas y a aquellos/as que están
participando en la campaña electoral, tanto para los cargos del ejecutivo como
en los congresos, municipios y a la
sociedad en sentido general, de no dejarse confundir con esta renovada
insistencia de los empresarios, de que es necesario reducir los derechos
laborales para que el país sea más competitivo y se creen más empleos formales.
Diversos estudios de
instituciones y especialistas nacionales e internacionales han demostrado la
falsedad de esta premisa, incluyendo las afirmaciones regulares del gobernador
de nuestro Banco Central que al referirse al crecimiento por años consecutivos
que ha tenido nuestra económica desmienten la versión de los empleadores que
los derechos laborales son carga para la productividad de la empresa.
.jpeg)
