La alimentación es un derecho internacional humano
inalienable, imprescriptible, reconocido y aceptado por todos los Estados que conforman
la comunicad internacional. Es un derecho fundamental que se viene promoviendo
desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y todos sus organismos
especializados y programas, entre los que están la FAO, el FMI, el BM, el PMA, la
CEPAL; así como en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión
Africana de Naciones, la Unión Europea, entre otros, con el propósito de
asegurar su cumplimiento.
Como parte de los compromisos asumidos mediante los
instrumentos internacionales suscritos, los Estados están en el deber de
garantizar la alimentación a todos sus ciudadanos y ciudadanas sin
discriminación. En efecto, en el marco de la ONU, los países adoptaron en el
2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, de los cuales, el Objetivo 2 se propone para
alcanzar la meta lo siguiente: poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Previo a que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declarara la pandemia del COVID-19, la situación alimentaria alrededor del
mundo estaba en crisis, pues, de acuerdo con los informes del Banco Mundial, un
total de 41 países seguían necesitando ayuda alimentaria externa, entre ellos,
algunos situados en África y Asia. En América Latina, por ejemplo, se calculó
que 821.6 millones de personas sufren malnutrición.
A esa situación de
inseguridad alimentaria se suman los existentes problemas que enfrentamos ante
los cambios climáticos y los conflictos armados que desequilibran el orden
mundial, que, aunque han “cesado” en estos momentos por el coronavirus,
constituyen una limitante para el importante derecho humano a la alimentación.
El crucial momento por el que atraviesa actualmente el
mundo, de incertidumbre y riesgos, pronostica grandes efectos negativos que no
tienen parangón. Hace unos días, señalaron
la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, que la humanidad se enfrenta a la
peor recesión económica desde la Gran Depresión de los años 1929-1930. En ese
sentido, el jefe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David
Beasley, dijo que, al ser impactada la economía en muchos países, sobre todo en
los más vulnerables, se desencadenarán hambrunas de proporciones inimaginables. A lo que nos preguntamos: ¿Cómo se garantizará
la alimentación? y ¿Qué hacer con una crisis dentro de la crisis?
Los organismos internacionales han propuesto mantener
todo el tiempo la cadena de suministro y que se dispongan los fondos suficientes para
apoyar a los más necesitados. Asimismo, recomiendan y estimulan al
multilateralismo y que los Estados promuevan entre sí la cooperación
internacional como forma de asegurar y sostener la seguridad alimentaria. Sin
embargo, es probable que algunos países no cuenten con las medidas y garantías
necesarias para asegurar tal derecho, ni tampoco con los recursos suficientes
para afrontar los efectos del coronavirus (COVID-19).
Pero la obligación
perdura aun en tiempos de crisis, y preservar este derecho humano es un imperativo
ante la amenaza de la pandemia. Es decir, es un derecho humano que se debe
garantizar tanto en tiempos normales como en tiempos de crisis y/o bajo estado
de emergencia o de excepción.
Por lo antes planteado, creo que es viable considerar
posibles alternativas para el acceso a productos alimenticios y su
comercialización, proponer enlaces de apoyo interinstitucional e internacional
con organismos e instituciones cooperantes que puedan contribuir a mitigar la
situación.
De otra parte, el diseño y la aplicación de políticas y medidas a
nivel nacional e internacional que busquen salvaguardar el derecho de los
individuos a una alimentación favorecerá el bienestar común.
Por Lucy Arraya,
Abogada, Internacionalista, Catedrática